El Palacio de la Moncloa ha recibido con alivio y satisfacción el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía. Tras meses de intensa pugna política y críticas internas, el Ejecutivo siente que el fallo valida su estrategia de «hacer de la necesidad virtud», reforzando la idea de que la medida fue un paso necesario para garantizar la estabilidad.
El Palacio de la Moncloa ha recibido con alivio y satisfacción el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía. Tras meses
El Palacio de la Moncloa ha recibido con alivio y satisfacción el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía. Tras meses de intensa pugna política y críticas internas, el Ejecutivo siente que el fallo valida su estrategia de «hacer de la necesidad virtud», reforzando la idea de que la medida fue un paso necesario para garantizar la estabilidad.
En una declaración institucional sin preguntas, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que hoy España y Cataluña son lugares «más habitables, con un futuro de prosperidad y convivencia». El Gobierno busca así poner el foco en el beneficio colectivo, argumentando que todos los ciudadanos son beneficiarios de la «normalidad y estabilidad» alcanzada, tratando de difuminar el hecho de que la norma fue una concesión para lograr los siete votos de Junts necesarios para la investidura.
Sin embargo, Bolaños ha advertido que la ley no se habrá cumplido plenamente hasta que alcance a los líderes políticos del «procés», como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras. En un mensaje directo dirigido al Poder Judicial, el ministro ha subrayado que el «horizonte queda despejado para la plena aplicación de la ley» y que sería positivo para todos que esta etapa se recorriera con la mayor celeridad posible. Desde el Ejecutivo se insiste en que la voluntad del legislador es «tan clara como el texto de la propia ley», instando a los jueces a que la apliquen sin más dilaciones.
A pesar del optimismo, Moncloa es consciente de que el proceso no ha terminado. El foco se traslada ahora al Tribunal Supremo, que inicialmente excluyó el delito de malversación del perdón. El Gobierno confía en que el Tribunal Constitucional allane el camino para el regreso de Puigdemont a partir de finales de septiembre, aunque teme que nuevas cuestiones prejudiciales del Supremo puedan paralizar la situación del ex president durante meses más. Para el Gobierno, el perdón a los líderes es la «última etapa del proceso de normalización» institucional y política en Cataluña.
Noticias de España
