<p><strong>Begoña Gómez </strong>aprovechó el incomparable ascendente de su marido como presidente del Gobierno para que se le creara una cátedra en la Complutense, para que grandes empresas aceptaran patrocinarla y para que otras cuantas sufragaran su producto estrella, un <i>software </i>del que intentó apropiarse siendo público. Y todo con la colaboración de la asesora que La Moncloa le pone como esposa de <strong>Pedro Sánchez</strong>.</p>
El juez Peinado reclama ya los escritos de acusación. Da por terminada la investigación y rechaza el archivo de la causa. Envía a juicio a la esposa de Sánchez por cuatro delitos
Begoña Gómez aprovechó el incomparable ascendente de su marido como presidente del Gobierno para que se le creara una cátedra en la Complutense, para que grandes empresas aceptaran patrocinarla y para que otras cuantas sufragaran su producto estrella, un software del que intentó apropiarse siendo público. Y todo con la colaboración de la asesora que La Moncloa le pone como esposa de Pedro Sánchez.
Esa es la reconstrucción que hace el juez Juan Carlos Peinado en el auto notificado ayer que da por concluida la investigación y propone llevar a la esposa del presidente ante un jurado por cuatro delitos. Considera que ya no son necesarias nuevas diligencias y pide a las acusaciones que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral, lo que supone la presentación de los escritos de acusación, precisando qué delitos le atribuyen y qué pena piden para Begoña Gómez
El juez retira la imputación por intrusismo profesional -por firmar pliegos técnicos de un software de la Complutense- y mantiene los otros cuatro: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.
Además de a la esposa de Pedro Sánchez, el juez pone camino del banquillo a su asesora de La Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. A la primera, por la posible malversación que supondría su dedicación a negocios privados de Gómez, además de tenerla como partícipe en los otros tres delitos. Al segundo, por el posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por haberse beneficiado sus empresas de la intervención de Gómez tras ayudar él a la esposa del presidente a poner en marcha su cátedra en UCM.
Las acusaciones populares -que coordina Hazte Oír– pedirán, con toda seguridad, la celebración del juicio. La única opción de las defensas para evitarlo está en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ya han interpuesto recursos en los que piden el archivo de todo el procedimiento. Hasta el momento, la sección penal que revisa las actuaciones de Peinado ha corregido al instructor en numerosos aspectos, pero siempre ha permitido que la investigación prosiguiera.
De lo que resuelva ese tribunal en las próximas semanas o meses puede salir la celebración del juicio por los cuatro delitos, por solo alguno o algunos, por los cuatro pero por separado -dos al jurado y dos no- o el archivo de todo. Incluso volver atrás por alguna decisión procesalmente errónea del instructor. De hecho, este es el segundo intento de Peinado de avanzar por la vía del procedimiento del Jurado. El primero lo anuló la Audiencia, pero Peinado volvió a ello siguiendo esta vez las indicaciones de tribunal.
El auto dictado ayer es la resolución clave, pero aún restan algunos trámites para ir a juicio. Recibidos los escritos de acusación y defensa, se celebrará una vista preliminar, tras la que el juez podrá ya dictar el auto de apertura de juicio oral por cuatro delitos.
Respecto al de tráfico de influencias, indica que, «desde la llegada de su esposo primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC [Transformación Social Competitiva], que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».
Considera que Gómez cometió el delito que castiga «al particular que influye sobre autoridad o funcionario», en este caso «prevaliéndose de relación personal con el presidente del Gobierno, y de éste con el resto de la administración, facilitándose así el acceder, gracias a esa posición, a interlocuciones institucionalmente excepcionales y a que la sola condición de ‘esposa de’ sirviera para influir, y todo ello con el añadido de haber realizado reuniones en la Moncloa».
Al repasar los requisitos de este delito, advierte de que no se encontrará en la jurisprudencia «un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo», añadiendo que «quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII».
Dentro de este delito, el juez incluye «la creación y configuración» de la cátedra en la UCM, así como su apoyo con cartas de recomendación a empresas de Barrabés para adjudicaciones del ente público Red.es. «Existe un intercambio entre la ayuda al proyecto de la investigada y apoyo institucional-académico a intereses empresariales del grupo Barrabés», indica el instructor.
En cuanto a la corrupción en los negocios, lo vincula a los planes de Gómez de aprovechar económicamente la plataforma digital que empresas como Google, Indra o Telefónica estaba construyendo en una cátedra que financiaban LaCaixa y Reale Seguros. A su juicio, crear una plataforma para certificar que las empresas cumplían objetivos de transformación social no era «una iniciativa inocua o estrictamente universitaria, sino de la articulación de un instrumento llamado a desplegar efectos en el mercado».
Respecto a la apropiación indebida del software de la cátedra, sostiene que «recibió el programa» como directora del máster, pese a lo cual «lo integró en una web de su titularidad y bajo su control, frustrando con ello la obligación de entrega, restitución o sometimiento al destino universitario del bien».
En cuanto a la malversación, la resolución afirma que hay indicios de que Gómez «solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto: interlocución con universidades, patrocinadores y partners; seguimiento de la cátedra; gestiones sobre el software; asistencia a reuniones técnicas; y desarrollo del proyecto tecnológico que después aparece vinculado con marcas, dominio y mercantil de titularidad exclusiva de la propia investigada».
España
