Nueva carta a la ciudadanía de Sánchez por la regularización extraordinaria: «La migración debe gestionarse con responsabilidad»

España tiene «dos caminos» frente al reto de la inmigración, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «El de quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión. O el de quienes entendemos que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida».

Así lo ha establecido el líder del ejecutivo, que considera que su vía es la segunda, mediante una nueva carta a la ciudadanía con la que defiende el Real Decreto para la modificación del Reglamento de Extranjería que va a regularizar de forma extraordinaria a aproximadamente 500.000 inmigrantes, según las estimaciones del Gobierno. La medida se aprobará este martes en el Consejo de Ministros después de que Podemos anunciara haber pactado con el PSOE esta iniciativa.

El presidente señala que siente «orgullo de ser español» en mitad de un proceso de «normalización» de personas «que construyen la España rica, abierta y diversa que somos» y que «aspiramos a ser».

En la misiva, Sánchez agradece a «cientos de organizaciones y a más de seiscientas mil personas que, durante años, han trabajado sin descanso para llevar esta iniciativa al Parlamento a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)». Una que, según el presidente, «ha logrado algo insólito en tiempos de polarización: la capacidad de unir».

«Ha contado con el respaldo de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios y de una sociedad civil que comparte un objetivo claro: mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor», afirma.

Para el presidente, la regularización es «ante todo un acto de normalización» y de «justicia con nuestra propia historia». Además de apelar a un pasado reciente en el que los españoles emigraban, pone el acento en «la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana»: «Personas que cuidan a nuestros mayores. Que trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas. Que innovan, que emprenden, cuyos hijos comparten aulas, juegos y futuro con los nuestros. Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos -y la que aspiramos a ser».

En su defensa de la regularización extraordinaria, Sánchez asevera que la medida «es una necesidad» para hacer frente al envejecimiento del país: «Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos -sanidad, pensiones, educación- sufren». Ensalza así el «dinamismo de las personas migrantes» y su efecto en la economía española.

«El camino es claro: integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya viven entre nosotros», sentencia antes de asegurar que el «verdadero sentido» de la medida es «reconocer derechos, pero también exigir obligaciones«.

A su juicio, «sería irresponsable negar» que «las migraciones plantean desafíos». Frente a esta realidad, Sánchez considera que «la regularización es la mejor respuesta para afrontar muchos de ellos» porque «la integración solo es posible desde la regularidad».

Desde Pekín, donde el presidente se encuentra de viaje cultivando su relación con el mandatario chino Xi Jinping, Sánchez ha asegurado que la regularización extraordinaria se va a tramitar «desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral» dado que se reconocen derechos a aquellos que «ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país».

Sánchez ha insistido que la medida ha sidon «demandada por distintos actores que poco o nada tienen que ver con el Gobierno de España», en referencia a la Iglesia, los sindicatos o las distintas organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la primigenia ILP en el Congreso.

Asimismo, ha subrayado que ha habido «muchos otros» procesos de regularización en «los más de 40 años de democracia en nuestro país», también con administraciones del PP. En concreto se ha referido a la acometida por el Gobierno de José María Aznar, que «regularizó a medio millón de inmigrantes sin derechos y sin papeles».

En esta línea, al PP, que se opone a la medida más por la forma que por el fondo, le ha pedido «que escuche a la patronal, que escuche a la iglesia católica y, por supuesto, que sea coherente con su propia historia, porque ellos también han regularizado inmigrantes». Sobre Vox, que ayer afirmó que llevaría el real decreto a los tribunales para pedir su suspensión cautelar, ha asegurado que «no podemos esperar nada porque hace de la migración […] un elemento de polarización y de confrontación política».