El sur de Líbano, convertido desde 2023 en campo de batalla entre Israel y la milicia proiraní Hezbolá, sufre una nueva oleada de devastación desde el 28 de febrero, cuando el Gobierno israelí y el de Estados Unidos declararon la guerra a Irán y Hezbolá volvió a empuñar las armas en solidaridad con su aliado. Israel se volcó entonces en la respuesta contra Líbano, recrudeciendo la ofensiva militar y la ocupación del país vecino.
La campaña de Israel ha desplazado a una cuarta parte de la población del país en tres meses
El sur de Líbano, convertido desde 2023 en campo de batalla entre Israel y la milicia proiraní Hezbolá, sufre una nueva oleada de devastación desde el 28 de febrero, cuando el Gobierno israelí y el de Estados Unidos declararon la guerra a Irán y Hezbolá volvió a empuñar las armas en solidaridad con su aliado. Israel se volcó entonces en la respuesta contra Líbano, recrudeciendo la ofensiva militar y la ocupación del país vecino.
En estos tres meses, incluso con una supuesta tregua en vigor —prorrogada esta misma semana—, la campaña israelí ha matado en esa zona sur a 2.914 personas (un 83% de las 3.516 víctimas mortales en todo Líbano), ha destruido 36.000 viviendas (un 72% del total) y ha exigido el desalojo de 300 municipios, provocando el pánico y el aislamiento de la población y llevando al exilio a quienes aseguraban que nunca se irían.
La imprevisibilidad de los ataques, que Israel lanza contra bloques residenciales y carreteras sin hacer el menor amago de justificarlos ante sus aliados internacionales, alcanza equipos médicos a diario y anula casi toda la actividad comercial en el sur del país.
Todo ello ha supuesto el desplazamiento forzoso de 1,4 millones de libaneses. El dato, aportado el pasado miércoles por el Ministerio de Sanidad de Líbano a EL PAÍS, representa una cuarta parte de la población nacional (que es de unos 5,5 millones de personas) e iguala la cifra de desplazados que se registró durante el otoño de 2024, la peor hasta ahora.
La campaña que Israel inició contra Hezbolá en marzo, y que el Gobierno de Benjamín Netanyahu planteó como la definitiva, ha implicado la ocupación por la fuerza de una franja fronteriza en suelo libanés que el ejército israelí describe como “zona de seguridad”, y que engloba unos 600 kilómetros cuadrados (casi el doble que toda la franja de Gaza). Esa invasión, que se expande por el 6% del territorio de Líbano, tiene bajo ocupación 68 aldeas, según el recuento del primer ministro libanés, Nawaf Salam, que el domingo acusó a Israel de aplicar una política de “devastación total”.
Antes de la tregua declarada en abril —y nunca respetada por Israel—, el Gobierno de Netanyahu ya impuso una orden de desalojo de todo del territorio hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera. La anunció el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, adelantando que la medida afectaría a unas 600.000 personas y precisando que los musulmanes chiíes —mayoritarios en la zona y que profesan la misma confesión que Hezbolá— no podrían regresar hasta que Israel viera garantizada su seguridad.
Eso llevó a muchas familias de las aldeas fronterizas a refugiarse justo al norte de esa vía de agua. Aunque el alto el fuego anuló la orden y permitió el retorno, la mayoría de esas familias se abstuvo de regresar, porque Israel seguía en la práctica bombardeando.
El pasado miércoles, pese a la existencia de un proceso de diálogo con el Gobierno libanés para intentar apuntalar la tregua, el ejército israelí impuso de nuevo la orden de expulsión sobre el sur de Líbano. Y en este caso la extendió hasta el río Zahrani, 10 kilómetros por encima del Litani, advirtiendo de que emplearía “fuerza extrema” en la zona.
“Ese territorio entre el Litani y el Zahrani acogía a mucha gente desplazada anteriormente desde más al sur”, lamenta una trabajadora humanitaria que se expresa bajo condición de anonimato, puesto que no tiene permiso para hablar con la prensa. “La situación allí era insegura, pero también había miles de residentes que permanecían en sus casas”, agrega.
Ahora, los desplazados se ven obligados a moverse aún más al norte, donde los refugios públicos están saturados. Muchos permanecen en sus vehículos o al raso; otros se quedan en zonas frecuentemente bombardeadas por Israel, ya que “no pueden permitirse pagar alquileres”.
La zona al sur del río Zahrani que Israel presenta en este momento como territorio prohibido para la población, casi 2.000 kilómetros cuadrados de superficie, supone el 14% de Líbano, y acoge grandes ciudades como Tiro (la cuarta urbe libanesa, con 200.000 residentes) y Nabatie (unos 50.000 habitantes, pero hoy prácticamente desierta). En proporción, sería similar a exigir el vaciamiento de toda Castilla-La Mancha en España.
Las bolas de fuego que los bombardeos israelíes provocan estos días entre los edificios de Tiro y las continuas muertes de inocentes —como las de los dos estudiantes que un misil mató junto a su padre el pasado lunes, cuando regresaban en coche de sus exámenes finales— vacían la región meridional de un país donde el 80% vivía ya bajo el umbral de la pobreza al inicio del conflicto, en 2023, según Oxfam.
Huyen de una ofensiva que temen no poder evitar: solo entre la medianoche del lunes y las 16.00 del martes, los cascos azules de Naciones Unidas registraron 478 disparos entre Israel y Hezbolá. De estos, 468 fueron perpetrados por Israel (el 97%). La gran mayoría, al sur del río Zahrani, un territorio que equivale a tres veces el de la ciudad de Madrid.
Aunque Israel presente esos bombardeos como ataques estrictamente dirigidos contra Hezbolá, el lanzamiento diario de misiles causa una destrucción generalizada, que se suma a la que ya provocó entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, cuya reparación el Banco Mundial cifró en 3.000 millones de euros.
Hoy, el 80% de los mercados y comercios en ese territorio meridional de Líbano está fuera de servicio, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ya sea porque las carreteras pasan por zonas en conflicto o porque los transportistas están desplazados.
El Ministerio de Sanidad, que acusa a Israel de aplicar “la ley de la selva” en sus ataques contra la red sanitaria, denuncia los “graves daños” causados en al menos cinco hospitales del sur. “Son ataques directos”, asegura a este diario el doctor Joseph el Helou, asesor del ministro Rakkan Nassereddine. Un hospital en Mais el Jabal y dos más en Bint Jbeil —ambas, zonas fronterizas— tuvieron que echar el cierre antes de caer bajo ocupación israelí.
Trabajar en el sistema de salud es una actividad de riesgo en el territorio, donde Israel dispara contra ambulancias acusándolas sin pruebas de transportar a milicianos. El miércoles, sendos ataques contra vehículos médicos mataron a dos paramédicos en Chehour y a otro en Zabdine, además de acabar con la vida de los dos heridos a los que transportaban, según los equipos de rescatistas.
La Organización Mundial de la Salud, que ha denunciado los ataques que Israel disparó esta semana contra las inmediaciones de los dos mayores hospitales en Tiro, registra 191 hostilidades contra infraestructura sanitaria desde marzo.
La escalada israelí somete las redes de agua a una presión creciente. La planta de tratamiento de Taybeh ha vuelto a echar el cierre, tras ser ya atacada en 2024, cuando otro ataque llegó a cortar el flujo de agua a 72.000 residentes de Tiro. Seis meses después de la tregua de 2024, 150.000 personas en el sur seguían sin agua corriente, según una investigación de Oxfam y Acción contra el Hambre.
Todo ello dificulta el tratamiento de tierras agrícolas. Los ataques israelíes han quemado, por otro lado, más de 1.900 hectáreas de territorio desde marzo, según el Consejo Nacional de Investigación Científica de Líbano, vinculado al Gobierno.
Según esa institución, muchos libaneses no tendrían un lugar al que volver en el sur del país aunque la guerra terminara mañana. Unas 36.000 viviendas, el grueso de las 50.424 casas que el Gobierno calcula que Israel ha destruido total o parcialmente en el país desde marzo —más de 240.000 desde 2023— se encuentra en el sur, allí donde el ministro israelí Katz advirtió de que los chiíes no regresarán hasta que Israel lo considere oportuno.
Las zonas que registran una devastación “máxima”, según sus registros, son Naqoura, un territorio fronterizo donde los cascos azules tienen su sede; Marjayún, al este de la frontera; Nabatie, donde las tropas israelíes se encuentran ya a pocos kilómetros; y Bint Jbeil. “Mi pueblo es ahora como Hiroshima”, lamenta a este diario un residente de Bint Jbeil desplazado en Beirut, mientras muestra imágenes de su aldea previas a la guerra.
Feed MRSS-S Noticias
