El Gobierno congela el Congreso con 128 iniciativas de ley bloqueadas

La legislatura está embarrancada. Sin mayoría clara en apoyo del Gobierno, el Congreso se sumerge en un letargo roto sólo por las convalidaciones de los reales decretos leyes que, sin posibilidad de enmienda, remite el Ejecutivo a la Cámara. El trabajo parlamentario aparentemente prosigue con el debate y votación de mociones y proposiciones no de ley sin carácter vinculante. La realidad, sin embargo, se impone: el Congreso no alumbra leyes ni acomete reformas.

Las iniciativas se mantienen congeladas en un inacabable plazo de enmienda. La última prórroga solicitada por el Grupo Socialista el pasado 23 de marzo afecta ya a un total de 128 propuestas: 50 proyectos de ley y 78 proposiciones de ley, de las cuales 42 proceden del Senado.

La petición plantea nuevamente la prórroga para todas las iniciativas que están ya en la Cámara. Muchas baten récord de aplazamientos y sus perspectivas de acabar decayendo con el fin del mandato aumentan a medida que corre el reloj de una legislatura a la que, a efectos parlamentarios, esto es, sin periodos vacacionales, apenas le restan 12 meses. La tercera parte de las propuestas paralizadas proceden de la Cámara Alta donde el PP tiene mayoría absoluta pero buena parte de las mismas han sido apoyadas por otros grupos de manera que en el Congreso serían aporbadas. Es el caso de la rebaja del IVA para servicios como el de las peluquerías que acumula ya 86 prórrogas; las medidas contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal que suma 80 semanas de aplazamientos; la exención fiscal de las ayudas a las personas afectadas por la talidomida, con 63 o la que promueve la rebaja de la presión fiscal a las pymes y a los autónomos, con 25.

Entre los proyectos de ley que acumulan más semanas sin fecha para un debate de totalidad figuran la ley de Familias con 79 prórrogas y la que contempla la Universalidad del Sistema Nacional de Salud, con 67.

La primera, fue aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales encabezado por Pablo Bustinduy, pero se trataba de una norma originalmente redactada por su predecesora Ione Belarra que decayó con el final de la pasada legislatura. El texto reconoce jurídicamente las diferentes situaciones familiares -numerosas, monoparentales, LGTBI, adoptivas, con miembros con discapacidad…- y mejora su protección social.

Con la segunda sucede algo parecido. El primer intento lo llevó a cabo Carolina Darias y en 2024 lo rescató Mónica García. Su objetivo es recuperar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para los españoles que residan en el extranjero, para los extranjeros que vienen por reagrupación familiar y para toda persona residente en España con independencia de su condición administrativa. Esta norma se enfrenta al rechazo de PP y Vox y también al de Junts, suficiente para tumbarla.

El proyecto de ley del Cine, para el que también se solicita una nueva prórroga, acumula 63 semanas. Igual que los dos anteriores, recupera el texto del anterior ministro de Cultura, Miquel Iceta, que también decayó por las elecciones. El ahora titular del Ministerio, Ernest Urtasun, sostiene que su fin es fortalecer la cadena de la producción cinematográfica, desde la escritura de guiones hasta la exhibición de las películas y la defensa de los derechos de autor. Esta es una iniciativa que sí contaría con el respaldo de Junts.

Con 44 semanas de prórrogas se encuentran ya el proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular el procedimiento de determinación de la edad y el proyecto de ley orgánica de modificación de la Responsabilidad Penal de los Menores. Ambos se tramitan emparejados y suman 44 semanas de enmiendas a su articulado. Suscitan un fuerte enfrentamiento entre la izquierda y la derecha.

La ley de Industria acumula ya por su parte 47 prórrogas; la de Protección de los Consumidores, 41; la de Prevención del Consumo de Alcohol por menores, 39; la de modificación del Régimen Electoral General, la de Información Clasificada y la de Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, suman 24.

En este paquete se incluyen más de una veintena de reales decretos ley que, tras ser convalidados, la Cámara aprobó tramitarlos como proyectos de ley. Están relacionados con la Dana, la guerra de Ucrania, el conflicto en Gaza, los bonos de transporte para jóvenes o las ayudas para los enfermos de la ELA. El Gobierno no tiene interés en completar su tramitación como proyectos de ley para evitar que su propuesta original, ya en vigor, sea retocada.

Por lo que se refiere a las iniciativas legislativas de los grupos, la congelación afecta a un total de 78, más de la mitad procedente del Senado. La proposición de ley para la Protección de la Libertad de Expresión, con 81 prórrogas, es la más retrasada porque al rechazo de la derecha suma el recelo de los socialistas. Se trata de una iniciativa recuperada por Sumar de la legislatura anterior que propone suprimir el delito de injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. La de secretos oficiales, presentada por tercera vez por el PNV, con 78 prórrogas, suscita inconvenientes en el Gobierno. La de mejora de la cadena alimentaria, de ERC, con 66 y la de impulso de la ley de Garantía de la Libertad Sexual, promocionada por Podemos, con 54, son las más retrasadas.