<p>El <a href=»https://www.elmundo.es/andalucia/2022/01/30/61f2fd1efdddfff38f8b45e0.html»>botín de los ERE</a> son los <strong>679.432.179 euros </strong>que los gobiernos andaluces del PSOE repartieron a lo largo de una década de forma opaca y clientelar, sin someterse a la ley de subvenciones y evitando todo tipo de controles. La Justicia abrió la puerta a que, en la vía penal, pudiera recuperarse este botín íntegro, pero tras el <a href=»https://www.elmundo.es/podcasts/el-mundo-al-dia/2024/07/17/669688fbfdddfffd3a8b4588.html»>borrado del caso </a>decretado por el <a href=»https://www.elmundo.es/e/tr/tribunal-constitucional.html»>Tribunal Constitucional </a>(TC) el pasado verano surgieron dudas sobre el alcance que tendría la recuperación del dinero público.</p>
El aval del Constitucional a las ayudas de los ERE obliga al Supremo a reducir las indemnizaciones. El TS fija la cantidad malversada en Acyco en 743.000 euros, reduciendo así los 3 millones establecidos por la Audiencia, que vio ilegal toda la ayuda, no sólo los intrusos
El botín de los ERE son los 679.432.179 euros que los gobiernos andaluces del PSOE repartieron a lo largo de una década de forma opaca y clientelar, sin someterse a la ley de subvenciones y evitando todo tipo de controles. La Justicia abrió la puerta a que, en la vía penal, pudiera recuperarse este botín íntegro, pero tras el borrado del caso decretado por el Tribunal Constitucional (TC) el pasado verano surgieron dudas sobre el alcance que tendría la recuperación del dinero público.
Las incógnitas empiezan a despejarse, después de la última sentencia del Tribunal Supremo en una de las piezas que componen la macrocausa de corrupción de los ERE. Y ya no se podrá recuperar la totalidad de las ayudas repartidas de forma arbitraria y opaca entre los años 2000 y 2009. Tan sólo retornarán a las arcas públicas los fondos desviados a los casos más sangrantes del fraude, como los intrusos, que son las personas que se colaron en los ERE costeados por el Gobierno andaluz para que cobraran una paga, pero que nunca habían trabajado en la empresa donde se hizo el expediente de regulación de empleo. Todos ellos tenían vinculaciones con el PSOE o eran familiares o amigos de los altos cargos de la Junta que repartían las ayudas. En ningún caso se recuperarará el grueso de los fondos que percibieron los prejubilados en empresas agraciadas con las ayudas que salieron del también conocido como fondo de reptiles.
Una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla del pasado 14 de enero de 2022 abrió la puerta a recuperar el botín íntegro de los ERE. Fue en el caso de las ayudas concedidas a la empresa Acyco. Aquel fallo condenó a devolver toda la ayuda irregular (3 millones), como pidió el fiscal, no sólo los 530.000 euros que solicitó la Junta de Andalucía por los intrusos. Los magistrados optaron por la tesis del Ministerio Fiscal y descartaron la de la Administración andaluza porque el «interés de la población no puede quedar condicionado a los criterios más o menos acertados o incluso partidistas de las personas que en cada momento integran las instituciones o entidades públicas, como en este caso la Junta de Andalucía». De esta forma, condenaba a reintegrar a las arcas públicas la totalidad de la ayuda y no sólo la parte de los intrusos. Y lo hacía así porque, previamente, en el juicio contra los ex presidentes Chaves y Griñán y el resto de ex altos cargos andaluces se había establecido -primero por la Audiencia y luego por el Supremo- que todas las ayudas de los ERE se habían repartido a través de un sistema ilegal, eludiendo controles y de forma opaca.
Esta realidad judicial cambia este verano, cuando el TC ampara parcialmente a los ex altos cargos y decide, apartándose de lo que habían establecido la Audiencia y el Supremo, que el sistema a través del cual se reparten las ayudas de los ERE es perfectamente legal porque se hizo a través de las leyes de presupuestos que cada año aprobaba el Parlamento andaluz. Este giro de guion en el conocido como mayor caso de corrupción de España se acuerda, precisamente, por la mayoría de magistrados afines al PSOE que actualmente componen el TC.
A partir de este borrado del caso ERE decretado por el TC o la nueva realidad judicial en torno a este caso de corrupción, el Tribunal Supremo acaba de analizar las ayudas de Acyco, en una sentencia del pasado 29 de noviembre, y ha rebajado considerablemente las indemnizaciones fijadas inicialmente por la Audiencia.
En su sentencia sobre Acyco, el Supremo remarca que el sistema instaurado por el Gobierno andaluz en la etapa del PSOE para repartir las ayudas de los ERE era «discutible, imperfecto, deficiente, laxo, carente de condiciones, anómalo e incluso, objetivamente facilitador de conductas irregulares ajenas al interés público». Pero, pese a todas estas deficiencias, «se amparaba en normas con rango de ley, cuya constitucionalidad no fue cuestionada». Con otras palabras, el sistema de reparto de ayudas de los ERE era legal porque se incluyó en las leyes andaluzas de presupuestos, según ha decidido el Constitucional.
«Con estas premisas, no puede estimarse que la ejecución por parte de una autoridad o funcionario público de las determinaciones contenidas en leyes de presupuestos aprobadas por un Parlamento pueda dar lugar a una condena penal por delito de malversación, por más que esas determinaciones impliquen, de facto, la supresión de los controles y procedimientos propios del régimen de las subvenciones», dice el TS.
Por lo tanto, y pese a que la Audiencia había fijado en 3 millones de euros la cantidad malversada en Acyco, el Supremo la reduce a 743.158 euros que los cinco acusados deberán indemnizar solidariamente a la Junta de Andalucía. En esa suma se incluyen los fondos que percibieron dos intrusos ya fallecidos, que eran amigos del entonces director general de Trabajo Javier Guerrero, también fallecido.
Los intrusos lograron unas «ventajas económicas absolutamente desproporcionadas», tras el falso despido de una empresa en la que nunca habían trabajado, como el 90 % del sueldo asignado hasta la jubilación, más subsidio de empleo, más 2% de subida salarial anual, 90% sueldo tras la jubilación, más la posibilidad de trabajar en otra actividad que no supusiera competencia real en el mercado para Acyco, entre otros beneficios, detalla la sentencia.
En la cuantía malversada se incluye también una «factura mendaz» que incluía el pago de un IVA no soportado (243.600 euros). El tercer bloque de la suma malversada se refiere a la inclusión en el ERE de Encarnación Poto, presidenta del consejo de administración de Acyco, quien percibió 276.505,92 euros, que compatibilizó con las dietas por asistencia a los consejos, por un total de 318.455 euros.
El cuarto elemento incluido en la suma desviada de esta ayuda de los ERE es la aparente ayuda para mantener 144 puestos de trabajo, que, «en realidad, era para el abono de la minuta del abogado del despacho Garrigues por su intervención en los ERE, a través de una subvención excepcional».
Los cinco condenados son Encarnación Poto; el abogado del despacho Garrigues que asesoró las operaciones, José Miguel Caballero, que ya no trabaja en este bufete; dos representantes de la mediadora de seguros Vitalia –Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo-; y Gabriel Barrero, que era apoderado y director de recursos humanos de Acyco.
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