«Estamos viendo que las cotas de violencia están creciendo de forma significativa, estamos en las peores tasas de salud mental que hemos vivido». Quien habla es Benjamín Ballesteros, portavoz de la Fundación Anar, un servicio de ayuda telefónica al que en los últimos cinco años han llamado pidiendo ayuda 27.138 niños y adolescentes en situación de riesgo, desamparo o vulnerabilidad por casos de violencia ejercida dentro de su propia familia.
«Estamos escuchando relatos no sólo de empujones, sino de puñetazos, violencia con correas, con varas o con cables que dejan importantes lesiones en el cuerpo», denuncia la Fundación Anar
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«Estamos viendo que las cotas de violencia están creciendo de forma significativa, estamos en las peores tasas de salud mental que hemos vivido». Quien habla es Benjamín Ballesteros, portavoz de la Fundación Anar, un servicio de ayuda telefónica al que en los últimos cinco años han llamado pidiendo ayuda 27.138 niños y adolescentes en situación de riesgo, desamparo o vulnerabilidad por casos de violencia ejercida dentro de su propia familia.
Los casos atendidos se han disparado un 75% entre 2020 y 2022, según el informe que esta fundación ha hecho público este miércoles. Especialmente se han incrementado las denuncias por abandono de los padres (un 97% más), por agresión sexual (un 116%) y por violencia de género en el entorno familiar (un 237%), pero también las de maltrato físico y psicológico, que es la forma de violencia más frecuente.
«Estamos escuchando relatos no sólo de empujones, sino de puñetazos, violencia con correas, con varas o con cables que dejan importantes lesiones en el cuerpo. Los niños nos cuentan que en su casa les insultan, les dicen que no valen para nada y que se arrepienten de haberlos tenido, o directamente les ignoran, ni les miran», ha contado en rueda de prensa Sonsoles Bartolomé, directora del Departamento Jurídico de Anar, que ha dicho que las intervenciones jurídicas para ayudar a estos niños han crecido un 87%, pasando de 797 registradas en 2020 a 1.490 en 2025.
También han aumentado las intervenciones sociales, de 773 a 929. Bartolomé ha expresado que se encuentran con «niños que no tienen que comer, llegan a casa y tienen la nevera vacía, o niños a los que no les llevan al médico cuando se ponen malos».
En estos cinco años, el servicio de atención de la Fundación Anar ha realizado 69.750 derivaciones (13.315 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 4.919 a los juzgados, 3.319 a las oficinas de atención a las víctimas….) y se han utilizado más de 40.000 recursos sociales para atender a estos niños. Casi 10.000 de las intervenciones ha sido por casos «muy graves».
Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de la fundación, ha destacado que estos niños no sólo sufren la violencia, sino que tienen un total de casi cinco problemas más de media. Casi todos han sufrido maltrato psicológico como antesala de otras formas de violencia. También están afectados por problemas jurídicos relacionados con separaciones o divorcios. Sufren problemas emocionales graves, como ansiedad, depresión y «mucho miedo». Tienen problemas de relación con sus iguales y sacan malas notas en el colegio.
«Los problemas de salud mental son la consecuencia de esa vivencia de los casos de maltrato», ha dicho Díaz, que ha detectado que las autolesiones en las niñas y en las adolescentes «suelen ser un indicador claro de que una mujer está sufriendo algún tipo de violencia».
¿Por qué se está disparando la violencia contra los menores? Ballesteros dice que la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia de 2021, popularmente conocida como ley Rhodes, «ha aumentado la conciencia social en el fenómeno», lo que ha hecho que se denuncie más que antes. «Somos menos tolerantes y, por tanto, salen más casos a la luz, sobre todo de personas del entorno que hablan con los menores», explica.
En segundo lugar, ve que «padres y madres no tienen la formación adecuada en muchas ocasiones porque proceden de familias que han podido ser violentas o porque culturalmente tienen integrado ese tipo de forma correctiva y, cuando llega el momento de criar a sus hijos, consideran que son una pauta educativa adecuada».
«Nos llama mucho la atención la frecuencia que hay de casos de violencia física. Muchas personas consideran que pegar a sus hijos es algo que pueden hacer como una práctica educativa», ha añadido.
En tercer lugar, ve que existe un problema de conciliación: «Padres y madres tienen muy poco tiempo para estar con sus hijos y eso favorece que estén más tiempo en un uso inadecuado de la tecnología. No hay un control eficaz real por parte de los padres, lo cual aumenta probabilidades de que sean violentos», ha señalado.
El estudio, de hecho, indica que el uso inadecuado de la tecnología está detrás del 48% de los casos. Por un lado, ven que las «riñas familiares» que desencadenan la violencia con frecuencia proceden de un abuso de los móviles o las redes sociales combinado con una incapacidad de los progenitores para establecer bien los límites o las normas familiares. Por otro, ven que en casos de abusos «el agresor usa la tecnología para llegar a la víctima o para reforzar la agresión que se produce en el plano físico».
En el 48,5% de los casos el agresor es el padre; en el 28,6% es la madre y en el 12%, ambos progenitores.
El 36% de las víctimas convive sólo con la madre. «Las familias a cargo de un único progenitor son mucho más vulnerables».
El 48,9% de las familias son de origen inmigrante, un colectivo sobrerrepresentado en las agresiones sexuales (12% frente al 10% de las familias nativas), en el maltrato físico (38% frente al 31%) y en las situaciones de abandono (17% frente al 14%).
La violencia se concentra sobre todo en los adolescentes y en los niños menores de nueve años. Y, sobre todo, en los menores con discapacidad. Si la discapacidad representa un 9,5% en la sociedad, en la muestra para el estudio llega a un 25%.
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