El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha aprovechado un acto oficial en Barcelona para reiterar su apoyo incondicional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tras su reciente imputación por parte de la Audiencia Nacional, el Gobierno insiste en que no existen pruebas sólidas que comprometan la integridad del exlíder socialista, manteniendo una postura de defensa férrea.
El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha aprovechado un acto oficial en Barcelona para reiterar su apoyo incondicional al expresidente José Luis Rodrí
El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha aprovechado un acto oficial en Barcelona para reiterar su apoyo incondicional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tras su reciente imputación por parte de la Audiencia Nacional, el Gobierno insiste en que no existen pruebas sólidas que comprometan la integridad del exlíder socialista, manteniendo una postura de defensa férrea.
Durante su intervención en el Departamento de Interior de la Generalitat, donde formalizó la incorporación de los Mossos d’Esquadra a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), Bolaños enfatizó que el proceso se halla en un «momento inicial». Según el ministro, el propio auto judicial reconoce que solo existen «simples indicios», lo que en su opinión no debería dar pie a conclusiones precipitadas sobre la responsabilidad penal del investigado en esta fase tan temprana.
La citación de Zapatero, fijada para el próximo 2 de junio, marca un hito en la crónica judicial reciente de España. Sin embargo, Bolaños ha pedido serenidad y ha instado a la opinión pública a esperar las explicaciones que el expresidente ofrezca ante el juez antes de emitir veredictos políticos. «Es el momento de dejar trabajar a la Audiencia Nacional, la Fiscalía y a la UDEF», afirmó con rotundidad, subrayando que las instituciones deben actuar con total autonomía.
El ministro también aprovechó para reivindicar la salud democrática de las instituciones actuales. Aseguró que la Justicia goza hoy de una independencia plena, habiendo dejado atrás aquellos «tiempos pasados donde sí se producían injerencias» gubernamentales en la labor de los tribunales. Con esta estrategia, el Gobierno busca encapsular el impacto político de la causa, presentándola como un procedimiento que debe resolverse con normalidad y «sin ninguna presión» externa.
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