El plantón del PP y Vox ha impedido celebrar esta mañana la Conferencia Sectorial de Migración prevista para abordar, principalmente, el controvertido proceso de regularización de personas migrantes que ha desbordado todas las estadísticas al presentarse más de un millón y medio de solicitudes. El Gobierno había convocado a las comunidades para presentar el trámite y abrir así un diálogo con las autonomías pero los dos partidos han decidido no legitimar ese proceso. El principal punto era realizar un balance y establecer una coordinación en materia migratoria pero la falta de quórum lo ha impedido.
Los ‘populares’ consideran que el Gobierno «oculta actas y grabaciones» de las comisiones preparatorias y tachan la política migratoria de «opaca e irresponsable»
El plantón del PP y Vox ha impedido celebrar esta mañana la Conferencia Sectorial de Migración prevista para abordar, principalmente, el controvertido proceso de regularización de personas migrantes que ha desbordado todas las estadísticas al presentarse más de un millón y medio de solicitudes. El Gobierno había convocado a las comunidades para presentar el trámite y abrir así un diálogo con las autonomías pero los dos partidos han decidido no legitimar ese proceso. El principal punto era realizar un balance y establecer una coordinación en materia migratoria pero la falta de quórum lo ha impedido.
Los ‘populares’ han justificado su decisión acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «deslealtad institucional» y fuentes del partido han calificado la reunión como una «simulación».
Sostienen que el Gobierno ya tenía tomadas las decisiones y que la conferencia era sólo un trámite. El PP también ha mostrado su malestar ante una política que considera «opaca e irresponsable» y entiende que el Ejecutivo pretendía utilizar a las comunidades para avalar la regularización masiva sin haber negociado previamente con ellas.
El PP, asimismo, rechaza la regularización extraordinaria porque considera que puede generar un «efecto llamada» y aumentar la presión sobre los servicios públicos. «No participamos porque el Gobierno no quiera negociar, sino que utiliza a las comunidades para avalar una regularización masiva ya decidida».
Los populares consideran que el Ministerio «oculta actas y grabaciones» de las comisiones preparatorias y que los documentos que se han remitidos son una «suerte de síntesis interpretativa en lugar de una transcripción literal», lo que «pervierte el debate democrático».
A su juicio, se ha producido una ocultación de información sobre la regularización, ya que el Gobierno «veta información clave» sobre la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y no ha facilitado estudios de impacto económico sobre la «mayor regularización de inmigrantes de la historia». Las autonomías del PP lamentan que estas políticas impacten en sus servicios públicos «sin coordinar, negociar, acordar con nosotros».
Los consejeros del PP critican que no se haya atendido la solicitud de las comunidades de compartir la «documentación reservada» que existe sobre el proceso de regularización. En su declaración, las regiones gobernadas por el PP afirman defender «una inmigración legal y vinculada a las necesidades del mercado laboral».
La regularización masiva impulsada por Pedro Sánchez también ha despertado los recelos de la Policía Nacional, cuyos altos mandos denunciaron en este periódico que se les había apartado del proceso y alertaron de que en un año España asumirá tres millones de inmigrantes en situación legal con sus familias. Los jefes de Extranjería basan su cálculo en el efecto de las reagrupaciones familiares que prevén que soliciten. Este asunto preocupa, y mucho, a los expertos en el área. «Por cada persona a la que se regularice su situación, se suman otras tres, como mínimo, si solicita y se concede una reagrupación».
Además, los altos mandos del área han criticado muy duramente al Ejecutivo de Sánchez por apartar a la Policía Nacional «deliberadamente» del control de los trámites -es su competencia- para dejarlo en manos del Ministerio de Migraciones. Esta decisión, a su juicio, debilita los mecanismos de verificación de autenticidad documental sobre las personas que están en el proceso y abre la puerta, advierten, a una comprobación errónea, por ejemplo, de los antecedentes penales.
La confusión sobre quién se iba a ocupar de tramitar los expedientes ha sido una constante a lo largo del proceso. La intervención de las brigadas de Extranjería queda reducida pues, revelaron las mismas fuentes, a tareas meramente administrativas. «La Policía se limitará a documentar las tarjetas validadas por Migración».
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional alertó desde el principio del escenario que el Ejecutivo central le puso enfrente. Se lamentó de no haber recibido directrices sobre cómo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una «urgencia social» y e incluso redactó un contundente informe en el que dejaba clara su total desconfianza hacia el proceso y negaba, con datos, la «urgencia» en la que se apoyaba Pedro Sánchez.
El documento lo firmaba el comisario jefe central de Operaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Alfredo García Miravete. «Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideración por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos años, no parece que se trate de una situación sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitación urgente», razona un dossier cuyas conclusiones no ven claro el proceso.
En él, advertía de que una regularización de tal magnitud podría acarrear «efectos negativos significativos». Entre ellos citaba un posible «efecto llamada» para nuevos flujos migratorios irregulares, así como tensiones sociales, problemas de seguridad ciudadana y de orden público. Hablaba incluso de la «desconfianza social» que se genera, apuntaba, «sobre gestión de fronteras». Insistía, asimismo, en el riesgo de saturación de servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales y pronosticaba que podrían no contar con la capacidad suficiente para atender el aumento de la demanda en un corto periodo de tiempo.
«Existe el temor en amplias capas de la población de que una entrada masiva y rápida de nuevos inmigrantes aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales, los cuales podrían no tener la capacidad de absorción necesaria. La cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prevé la norma para perfeccionar la regularización es inversamente proporcional a la capacidad de absorción del Estado español», recogía.
Contemplaba que, si el ciudadano afirma haber solicitado el certificado de antecedentes de su país y manifiesta que no lo ha recibido, pueda continuar el procedimiento mientras la Administración intenta obtener la documentación. En este tiempo los agentes han contabilizado «multitud» de casos de personas que han intentado entrar en el proceso de manera fraudulenta. Extranjería llegó a incluso a emitir una alerta interna a través de un oficio.
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