La jueza que investiga el colapso de la pasarela costera de El Bocal en Santander, en la que el pasado marzo fallecieron seis estudiantes, ha ampliado la acción penal contra un tercer funcionario de la Demarcación de Costas -organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico– en Cantabria por la posible comisión de seis delitos de homicidio.
La magistrada cree que la falta de mantenimiento del puente podría constituir una «negligencia grave» que justifica la acción penal. Los tres técnicos investigados deberán declarar el 15 de mayo
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La jueza que investiga el colapso de la pasarela costera de El Bocal en Santander, en la que el pasado marzo fallecieron seis estudiantes, ha ampliado la acción penal contra un tercer funcionario de la Demarcación de Costas -organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- en Cantabria por la posible comisión de seis delitos de homicidio.
Se trata del jefe de Servicio de Proyectos y Obras desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, que se suma así a los otros dos investigados del departamento: el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la estructura siniestrada, y el actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, Enrique Rodríguez Sánchez.
En el auto dado a conocer este martes, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que investiga el suceso, señala que este funcionario «ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela» y tuvo la «obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo», ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en un comunicado.
La magistrada cree que la falta de mantenimiento del puente podría constituir una «negligencia grave» que justifica la acción penal por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave -por los seis jóvenes que perdieron la vida naturales de Camargo, Vizcaya, Guadalajara y Almería- y un delito de lesiones por imprudencia grave -por las heridas sufridas por la única chica que se salvó, de Álava- frente a los tres funcionarios de Costas.
Según se desprende del informe pericial, añade el escrito, en este momento procesal se puede sostener «que la ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir, detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura, generando un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela».
Igualmente, la juez ha acordado que el médico forense examine a la superviviente para que informe sobre las lesiones que sufrió.
Y ha rechazado la petición del Ayuntamiento para que el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela declare el próximo viernes, 24 de abril, como investigado en vez de hacerlo como testigo-perito, como está citado.
Tres semanas después, el 15 de mayo practicará toda la prueba pericial y se tomará también declaración a los tres técnicos investigados.
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