Con todos los vistos buenos ya dados para solventar un conflicto iniciado en 2009, la acción iniciada por un colectivo de defensa del patrimonio vuelve a dificultar el plan de derribo del edificio
El Ayuntamiento de Cádiz propone trasladar la Aduana Con todos los vistos buenos ya dados para solventar un conflicto iniciado en 2009, la acción iniciada por un colectivo de defensa del patrimonio vuelve a dificultar el plan de derribo del edificio
El Ayuntamiento de Cádiz propone trasladar la Aduana
La ciudad de Cádiz es especialista a la hora de complicarse en el desarrollo de proyectos que tienen, siempre, un papel vital de cara a su futuro. Actuaciones que se lían y que, o bien comienzan a ejecutarse con años y décadas de retraso, o bien acaban olvidadas.
El edificio de la Aduana, su futuro, es una de estas operaciones que nos ha ido acompañando desde hace años. Exactamente, desde que en 2009 la Junta, entonces dirigida por el PSOE, la incluyó en un catálogo de defensa del patrimonio evitando con ello el derribo previsto en el Plan Plaza de Sevilla.
Eran tiempos en los que la Junta socialista jugaba a ser la oposición al Ayuntamiento popular de Teófila Martínez. Lo peculiar es que esta misma Junta había avalado unos años antes el diseño del Plan de la estación y la eliminación de la Aduana.
Cuando en 2014 la propia Junta aún en manos del PSOE asumió que había sido un error avalar la petición de defensa iniciada por un colectivo ciudadano, ya todo se había complicado: no era sencillo dar marcha atrás y decir que lo que había que proteger por su valor arquitectónico, ya no tenía interés alguno.
Al asumir, en mayo de 2022, la Delegación Provincial de Cultura la tramitación y resolución del procedimiento de exclusión de la Aduana del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, se le dio un impulso esencial a este procedimiento. Un proceso que ha sido especialmente garantista en defensa de todos los derechos, tanto de quienes defendían la permanencia de la continuidad del edificio como de quienes querían su demolición. Antes, en 2021, el Ayuntamiento había instalado a la Junta a iniciar este expediente, que reiteró en 2025.
Todo este expediente se concluyó el pasado mes de enero, con la reversión de la orden aprobada en 2009. Se apoyó en numerosos informes técnicos y de especialistas que confirmaron el nulo interés arquitectónico y artístico de este edificio. La decisión de Cultura no entraba en si había que derribar o no la Aduana, que quedaba en manos de su propietario, el Gobierno de España, y el Ayuntamiento de Cádiz, como ejecutor de buena parte del Plan Plaza de Sevilla.
El edificio de la Aduana se levantó en los años 50 del pasado siglo, ocultando desde entonces la fachada principal de la histórica estación ferroviaria, levantada en 1905.
En la tramitación de la decisión de la Junta se presentaron dos alegaciones, que los técnicos rechazaron. Pero cuando el proceso estaba a punto de cerrarse ha llegado la sorpresa: un colectivo ha presentado un recurso contencioso administrativo para evitar la descatalogación del edificio.
Así que todo el plan vuelve a paralizarse y a iniciar un recorrido judicial cuyo tiempo de duración se desconoce, sobre todo por la sobrecarga que acostumbran a tener los juzgados de los Contencioso.
Por lo pronto, la Junta dará traslado de este recurso a las dos administraciones interesadas en esta cuestión, el Estado (que nunca se ha metido en el proceso de descatalogación de la Aduana) y el Ayuntamiento. Se abre también un periodo de veinte días para que la asociación que defiende ahora este edificio proceda a formular la demanda en la que, se supone, deberá entrar de lleno el Ayuntamiento.
La demandante es la Asociación de Defensa del Patrimonio, una entidad nacida en Sevilla donde ha desarrollado durante casi veinte años casi toda su labor. Ahora se mete en un proceso que siempre ha ignorado. Nunca ha estado presente en el largo debate sobre la relevancia o no de la Aduana de Cádiz, ni en su momento presentó recursos de alzada a la decisión de descatalogación aprobada por Cultura. Su última acción ha sido en Sevilla en la protección de una finca de la avenida de la Palmera.
Diario de Cádiz – Cádiz
