Los arcenes de las carreteras de Cisjordania cada vez están más llenos de banderas israelíes, incluso frente a viviendas palestinas. También del movimiento a favor de levantar un nuevo templo judío sobre la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, el tercer lugar más sagrado del islam, una reivindicación del nacionalismo religioso más radical que viene ganando peso. En varios carteles alguien ha tachado el nombre en árabe de la localidad, pintado una estrella de David o escrito la palabra “Venganza”. Los bloques de hormigón en cruces y puestos de control contienen cada vez más símbolos de facciones mesiánicas. Lo lleva también en el brazo un soldado que vigila la entrada al asentamiento de Efrat, cerca de Belén, aunque en teoría tenga prohibido exhibir signos políticos. A ambos lados de las carreteras se ven protoasentamientos de caravanas que no existían hace semanas. Alguno ya con acceso asfaltado. Y a la entrada de las localidades palestinas, un grafiti en árabe (“No hay futuro”) deja claro a sus habitantes quién lo decide hoy: el ejército y los colonos israelíes.
B’Tselem culpa a las autoridades israelíes de combinar la violencia, las barreras a la movilidad y la asfixia económica para desmantelar “las condiciones necesarias para la existencia colectiva palestina” en el territorio ocupado
Los arcenes de las carreteras de Cisjordania cada vez están más llenos de banderas israelíes, incluso frente a viviendas palestinas. También del movimiento a favor de levantar un nuevo templo judío sobre la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, el tercer lugar más sagrado del Islam, una reivindicación del nacionalismo religioso más radical que viene ganando peso. En varios carteles alguien ha tachado el nombre en árabe de la localidad, pintado una estrella de David o escrito la palabra “Venganza”. Los bloques de hormigón en cruces y puestos de control contienen cada vez más símbolos de facciones mesiánicas. Lo lleva también en el brazo un soldado que vigila la entrada al asentamiento de Efrat, cerca de Belén, aunque en teoría tenga prohibido exhibir signos políticos. A ambos lados de las carreteras se ven protoasentamientos de caravanas que no existían hace semanas. Alguno ya con acceso asfaltado. Y a la entrada de las localidades palestinas, un grafiti en árabe (“No hay futuro”) deja claro a sus habitantes quién lo decide hoy: el ejército y los colonos israelíes.
Son expresiones visibles de lo que B´Tselem —una de las principales ONG de derechos humanos de Israel— llama el proyecto israelí de “eliminación”. Es, de hecho, el título de su mayor informe sobre Cisjordania, territorio palestino que lleva más de medio siglo bajo ocupación militar. El documento, hecho público este lunes, define el proyecto como un “único mecanismo que desmantela las condiciones necesarias para la existencia colectiva palestina” y que “reorganiza el espacio y las condiciones de vida para que el control israelí y la presencia judía se vuelvan continuos, institucionalizados y permanentes”, mientras “la existencia palestina es cada vez más fragmentada, vulnerable y dependiente”. “No es un informe sobre el futuro, sino sobre el presente”, precisaba su directora ejecutiva, Yuli Novak, en una entrevista con este diario en Tel Aviv.
El informe dibuja un pasado y un presente que se entrelazan. El proyecto de eliminación, insiste la ONG, no es nuevo, ni exclusivo de los Gobiernos que ha encadenado Benjamín Netanyahu desde 2009, salvo un pequeño lapso de año y medio. Viene de la Nakba (1947-49), pasando por las dos décadas de administración militar sobre los palestinos con ciudadanía israelí, la toma de Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania en la Guerra de los Seis Días de 1967 y la fragmentación con soberanía limitada que han dejado desde los noventa los Acuerdos de Oslo, con una mayoría de Cisjordania bajo control militar y administrativo de Israel. Es en esta zona, denominada C, donde residen hoy medio millón de colonos, más otros 235.000 en Jerusalén Este.
El proceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos cuatro años de Netanyahu, como si alguien hubiese puesto en cámara rápida la cinta de la historia. Es, hasta las elecciones del 27 de octubre, la coalición más derechista de la historia del país, con poderes inéditos para el ultranacionalismo sobre Cisjordania, la policía y las prisiones. El letal ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023 no solo motivó la invasión de Gaza, sino que inauguró también en Cisjordania una “época de milagros”, como la definió la ultraderechista ministra de Misiones Nacionales, Orit Strook.
En su informe, de 188 páginas, B´Tselem identifica cinco ámbitos centrales de acción con los que Israel implementa su proyecto: violencia e intimidación; restricciones de movimiento; estrangulamiento económico; destrucción sociopolítica; y limpieza étnica y apoderamiento territorial. Y subraya que “operan simultáneamente y están interconectados, reforzándose unos a otros” y formando un mismo proyecto.
Por ejemplo, un montículo de tierra o una barrera metálica, como los que pueden verse en accesos a vías o poblados, impide tanto ir a trabajar o labrar tierras como la entrada de una ambulancia. Un nuevo asentamiento radical en un alto cercano no es solo augurio de violencia física. También de pérdidas económicas serias, por la quema de coches, casas, mezquitas, ganado u olivos.
Mohammed Shaban es agricultor en Halhul, una localidad históricamente conocida por la calidad de sus uvas, cada vez menos cultivadas y recolectadas. La aparición de hasta ocho asentamientos en los alrededores limita el acceso a los terrenos, así que Shaban los señala desde la distancia, junto a una cisterna. Cuenta como un logro el permiso militar excepcional que obtuvo en la víspera para acceder a sus cultivos.
La zona había sido declarada “militar cerrada” y entendió la orden cuando se la tradujeron activistas de derechos humanos israelíes. “Significa que estaba cerrado a israelíes, pero allí seguían los colonos”, protesta. Shaban calcula en 40 millones de séquels (11,3 millones de euros o 13,2 millones de dólares) la pérdida de ingresos agrícolas para Halhul esta temporada. Las parras les dan dos productos: las hojas, para rellenarlas haciendo dolma, y las uvas, como fruta. “Ya no es solo un tema de dinero, sino de las tierras que hemos heredado de generación en generación”, agrega.
La aceleración del proyecto no solo se nota en las historias personales. También en las cifras. Desde octubre de 2023, más de 1.100 palestinos han muerto en Cisjordania por fuego de militares o de colonos israelíes, en ocasiones inconfundibles, por servir y recibir armas largas y uniforme como reservistas. En los seis primeros meses desde esa fecha, Israel arrestó a 7.000 palestinos.
En zona C, no queda prácticamente vida palestina. Los habitantes de 75 pequeñas comunidades (sobre todo beduinas) las han deshecho en los últimos años, escapando del acoso de los colonos violentos hacia puntos más seguros. Los colonos controlan 107.000 hectáreas más, un 18% de Cisjordania. Cerca de 240 de los nuevos asentamientos en los últimos años son granjas, la nueva y eficaz forma de moda, porque permite controlar mucho territorio con poca gente. Y, en el mayor desplazamiento de población en Cisjordania en medio siglo, más de 30.000 habitantes de campamentos de refugiados del norte llevan año y medio expulsados de sus hogares, sin fecha de regreso y con el ejército demoliendo allí casas. “No es casualidad que no veamos vida política alguna en la calle palestina, con la violencia del sistema hacia los palestinos y todas estas presiones”, señala Karim Yubran, director de investigación de campo de B’Tselem.
“Israel emplea tanto la burocracia oficial como la violencia civil organizada”, señala el informe de B´Tselem. “Declara terrenos como estatales, zonas de tiro o militares cerradas, reservas naturales o yacimientos arqueológicos; emite órdenes militares de confiscación; aplica un sistema de planificación que hace prácticamente imposible la construcción legal palestina en amplias zonas; demuele viviendas e infraestructuras; restringe el registro de la propiedad; y asigna tierras, carreteras, presupuestos y servicios a los asentamientos. En paralelo, colonos armados toman el control de tierras de pastoreo y cultivo mediante amenazas, ataques, robos, destrucción de propiedades y bloqueo de accesos, por lo general con la protección o participación del ejército”.
Israel ha instalado más de 200 nuevas barreras y puestos de control desde 2023. A las 17.00 horas de un día entre semana, las tropas israelíes ya han cerrado la barrera de acceso a Beit Ummar, una localidad de unos 18.000 habitantes en el sur de Cisjordania. “Si quiero ir a Belén, que está a cinco minutos, tengo que dar un rodeo de unos 35 o 40 minutos”, cuenta Mohammed Yousef, maestro retirado. Quienes desconocen esta rutina, paran el coche y preguntan a los locales cómo entrar por un acceso más lejano. Los más familiarizados, en cambio, se bajan del vehículo, bordean a pie la barrera y suben con quienes han acudido a buscarlos, o a furgonetas compartidas que salen cuando se llenan.
La asfixia económica, otro de los cinco puntos del proyecto, afecta notablemente al día a día de la población. Tras el ataque de Hamás, Israel revocó los permisos de trabajo a más de 140.000 trabajadores (un pilar de ingresos fundamental para muchas familias) y se queda cada vez más parte del dinero que recauda y debería transferir la Autoridad Nacional Palestina. Ha retenido desde 2019, con distintas explicaciones, el equivalente a casi 4.000 millones de euros. Con todo esto junto, el desempleo ha pasado del 13,1% (2022) al 28,7% del año pasado, los funcionarios solo cobran desde hace años la mitad de sueldo, las clases escolares se limitan a tres días por semana y los centros médicos se han convertido a la vez en deudores (a las empresas farmacéuticas) y acreedores, de la ANP.
También los privados, como el hospital Al Mizan, en la ciudad de Hebrón. Su director general, Hazem Al Shalaldah, cifra en torno a 35 millones los euros que le debe la ANP, aunque no carga las tintas porque sabe que Israel le ata las manos. “Mientras, nosotros debemos a las farmacéuticas y solo podemos pagar una parte de los salarios. Es un círculo vicioso”, admite Shalaldah. Sahar Qawasni, vicedirectora y jefa del departamento de Ginecología y Obstetricia, está viendo otra consecuencia de la pérdida social de ingresos: “Incluso algunas familias que tenían una buena situación económica no se puedan permitir ya pagar la consulta”.
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