Un informe encargado por Convive Cádiz, una plataforma de propietarios de VUT, cifra en una horquilla de 845 a 1.471 los empleos directos e indirectos que desaparecerían
Además sostienen que una consulta popular no puede crear una nueva licencia urba Un informe encargado por Convive Cádiz, una plataforma de propietarios de VUT, cifra en una horquilla de 845 a 1.471 los empleos directos e indirectos que desaparecerían
Además sostienen que una consulta popular no puede crear una nueva licencia urba
Convive Cádiz, plataforma que agrupa a propietarios y gestores de viviendas con fines turísticos (VUT), ha rechazado a través de un comunicado «la nueva campaña promovida para señalar a las VUT legales como responsables del problema de la vivienda en la ciudad». Se refieren al procedimiento de consulta popular que ha puesto en marcha un grupo promotor compuesto por varias formaciones de izquierdas para que los gaditanos voten si quieren que se implante una nueva licencia urbanística municipal y que se eliminen los pisos turísticos que no la cumplan. «¿Está de acuerdo con que el Ayuntamiento modifique las normas urbanísticas y someta a licencia urbanística municipal las viviendas de uso turístico, y por tanto, se deban de retirar de la actividad aquellas que incumplen con el PGOU vigente?», es exactamente la pregunta que proponen.
La plataforma de propietarios de VUT ha encargado al bufete Themis, especializado en este campo, un informe jurídico sobre la iniciativa. «La conclusión es clara: una recogida de firmas o una consulta popular no modifica el planeamiento urbanístico, no crea licencias municipales y la normativa aplicable no permite retirar en Cádiz colectivamente las VUT preexistentes», concluyen.
Según el informe y los datos que maneja la plataforma, «la eliminación de las VUT preexistentes podría comprometer hasta 510 millones de euros de actividad económica acumulada en diez años, con una pérdida directa de entre 61 y 143 millones de euros, según el grado de absorción de la demanda por parte de la oferta hotelera, y un impacto de entre 845 y 1.471 empleos directos e indirectos en Cádiz».
«Los hoteles cumplen una función, pero no cubren toda la demanda contemporánea de familias, grupos, estancias con cocina, viajes de duración media o visitantes que buscan autonomía y espacio. Eliminar esa oferta no trasladaría automáticamente todo el gasto a los hoteles: una parte de esos visitantes simplemente no vendría a Cádiz», argumentan. «Sobre un parque de más de 56.500 viviendas en la ciudad, las 1.474 VUT (antes VFT y no AT) afectadas representan apenas el 2,61%. Y cerrar esa actividad no significa que esas viviendas pasen al alquiler habitual: más de la mitad seguiría como segunda residencia, otra parte quedaría cerrada o se destinaría a alquiler de temporada, y el resto saldría al mercado de venta a precios elevados. Si, como estima el informe y se indicó en notas previas, solo menos de un 7% terminará realmente incorporándose al alquiler estable, la operación aportaría unas 103 viviendas —apenas el 0,18% del parque residencial—. Convive advierte de que destruir una actividad legal para obtener un resultado habitacional tan reducido sería una medida claramente desproporcionada», añaden.
La plataforma insiste en que «el verdadero debate está en las segundas residencias, las viviendas cerradas, las fincas públicas sin uso y la falta de incentivos para el alquiler estable y un marco legal que no destruya la oferta. Cerrar una VUT no crea, una sola vivienda asequible. Ni se deben confundir como se pretende con AT que ocupan edificios completos».
«Convive Cádiz no pide privilegios. Pide que se cumpla la regulación ya aprobada, que se deje de instrumentalizar al sector políticamente con mensajes y datos falsos, que se persiga la actividad clandestina donde exista, y que no se señale como responsables del problema de la vivienda a quienes operan dentro de la Ley y crean actividad donde no la hay», afirma la plataforma.
«El Ayuntamiento de Cádiz ya reguló las VUT en 2022 y amplió esa regulación en 2025, así como la Junta de Andalucía. Ninguna iniciativa vecinal obliga al Pleno a asumir una consulta que es además estéril jurídicamente. Además no puede someterse a votación una consecuencia que exige modificar el planeamiento y que afecta a situaciones jurídicas ya consolidadas. Ser una actividad económica no implica estar sujeta a licencia previa —así lo establecen los artículos 84 bis y 84 ter de la Ley de Bases de Régimen Local—, y ni el PGOU de 2022 ni su modificación posterior impusieron ese requisito a las VUT individuales», añaden.
El informe jurídico descarta que pueda trasladarse a Andalucía la solución aplicada en Santiago de Compostela, tal y como defiende el grupo promotor. «No solo se trata de casos distintos: para aplicar aquí una solución equivalente sería necesario aplicar un marco normativo que no es aplicable en Andalucía ni obviamente en Cádiz, que no es el gallego. Y una consulta municipal no puede, además, utilizarse para esa finalidad, al estar excluidas ese tipo de materias del objeto de las consultas populares locales».
Diario de Cádiz – Cádiz
