Rosa Arcos aún no ha podido disponer del patrimonio de su hermana María José, desaparecida hace 30 años: «Hemos liquidado la herencia de mis padres y nos han quedado dos cuentas a su nombre a las que no podemos acceder«, explica a EL MUNDO. Durante estas tres décadas, ella y su familia han tenido que luchar contra la burocracia, pero también contra el sufrimiento de no saber si María José vive o no vive.
Los familiares de personas desaparecidas en España claman por una Ley que resuelva todas las trabas que sufren en el día a día
Rosa Arcos aún no ha podido disponer del patrimonio de su hermana María José, desaparecida hace 30 años: «Hemos liquidado la herencia de mis padres y nos han quedado dos cuentas a su nombre a las que no podemos acceder«, explica a EL MUNDO. Durante estas tres décadas, ella y su familia han tenido que luchar contra la burocracia, pero también contra el sufrimiento de no saber si María José vive o no vive.
Pese a esta incertidumbre, Hacienda obligó a la familia a declarar fallecida a María José para resolver una herencia pendiente, bajo amenaza de sanción económica: «Todo este recorrido tienes que hacerlo con la pena y la disconformidad a cuestas. Nunca hubiéramos instado la declaración de fallecimiento de María José, pero no nos quedó más remedio«. A día de hoy, Arcos estima que en ambas cuentas bancarias hay unos 9.000 euros, pero es incapaz de asegurarlo ya que ni siquiera tiene acceso al saldo, ni siquiera con la declaración de fallecimiento en la mano.
En España se registraron 25.086 denuncias por desaparición en 2025, con 6.874 casos activos. Detrás de estas cifras se encuentran miles de familias atrapadas en un limbo legal heredado de la Ley del 8 de septiembre de 1939. Al no existir una definición jurídica de ‘persona desaparecida’, el ausente queda en un vacío absoluto: no puede ejercer sus derechos en vida, pero su entorno tampoco puede acceder a las prestaciones o derechos por fallecimiento. Las familias quedan condenadas a la parálisis civil y económica hasta que transcurran los diez años obligatorios -cinco si el desaparecido fuera mayor de 75 años- exigidos por el Código Civil para poder instar la declaración de fallecimiento. «Dudo que en aquella época hubiera mucho interés por encontrar a las personas desaparecidas…» reflexiona, para este periódico, Francisco Pérez. Su padre desapareció hace más de dos años en Almuñécar (Granada) y, pese a la existencia de protocolos unificados de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las primeras horas de la búsqueda se evaporaron como el agua: «Para denunciar estuvimos desde las siete menos cuarto hasta las doce de la noche. Si hay una persona desorientada y le pilla en una época de frío… Es la diferencia entre la vida y la muerte«, lamenta.
Pero ni Arcos ni Pérez son los únicos afectados por un sistema deficiente. María José Sánchez lleva buscando a su madre, Josefa Padilla, desde 2019. Como marca la normativa, María José intentó declararla fallecida cinco años después de su desaparición, pero la sorpresa llegó cuando sus ojos leyeron la sentencia: el juzgado la daba por fallecida con efecto retroactivo, es decir, como si hubiera muerto el mismo día en que desapareció. Ante esto, Sánchez recurrió, ya que existía la posibilidad de que la Administración le reclamara la totalidad de la pensión cobrada por su madre mientras estuvo ausente.
«Hemos tenido que seguir haciendo su declaración de la renta y todo lo demás. Si tiene que pagar todo pese a estar ausente, pues debe recibir todo con normalidad», defiende Sánchez, que finalmente ganó el recurso. En la misma línea van las quejas de Pérez, que se ve obligado a resolver procesos como la declaración trimestral del IVA como si su padre nunca hubiera desaparecido: «Cada tres meses hacemos su declaración de IVA. Es algo que te hace recordarlo todo otra vez… Él sigue cumpliendo, pero no tiene derecho a que lo busquen, porque ya no lo está buscando nadie«, relata a este diario. Pese a estos enredos burocráticos y legales, las familias no tienen derecho a asistencia jurídica gratuita. La Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 provocó que ya no fuera obligatoria la presencia de un abogado para comenzar los trámites, por lo que los familiares quedaron desamparados.
La abogada Verónica Guerrero explicó en el Encuentro Nacional de Familiares de Personas Desaparecidas la contradicción que esto supone: «Si quieres hacer tú solo los trámites puedes llevarlos a cabo, pero no vas a saber hacerlo. Vas a necesitar a alguien que te asesore». Es el caso de la gran mayoría de familiares, que claman por una ley específica que resuelva sus trabas del día a día.
Gracias al esfuerzo incansable durante años y al poder de asociación (Fundación Quién Sabe Dónde, QSD), han logrado que el Congreso apruebe la creación de una subcomisión para la elaboración de un estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente. La iniciativa, propuesta por el PSOE, salió adelante con 32 votos a favor y cinco abstenciones, las de Vox, ERC y Junts. Pero por ahora, a la falta de cobertura jurídica hay que sumar el abandono en el apartado emocional.
Los familiares viven entre la incertidumbre, el dolor y la angustia, pero el Estado no les presta la ayuda que merecen como víctimas indirectas. Así lo cuenta a este diario Encarna Rodríguez, hija de Simón Rodríguez, desaparecido en la provincia de Huelva hace cuatro años: «Yo creo que bastante dolor tenemos en ese momento, sumado a todo lo que viene detrás, como para tener que moverte entre abogados y gastarte un dinero así«. Aunque las Oficinas de Atención a las Víctimas deberían prestar «una adecuada atención jurídica, psicológica y social desde el primer momento de la desaparición» según la Guía oficial, en la práctica no es un servicio que esté resolviendo estos problemas, entre otras cosas, por la falta de medios dedicados a ello. Ni Antonio Zurera -que lleva buscando a su hermana Angelines desde hace 18 años- ni la familia de Paco Molina, un menor de 16 años que desapareció en 2015 en Córdoba, recibieron ese apoyo emocional, como muchos otros afectados.
Su padre Isidro Molina comenta a este diario la respuesta que le dieron cuando fue a solicitarla: «Yo pedí ayuda psicológica, no solo para mí, sino para mi mujer y mi otro hijo. Me derivaron al Juzgado de Menores, y allí me dijeron que alguno de los tres psicólogos disponibles me atendería cuando mi hijo apareciera. ‘Cuando aparezca mi hijo no necesito yo ningún psicólogo‘, les dije».
La búsqueda de un ser querido exige una energía y una actividad enormes. Los familiares se ven solos ante esta situación: «Psicológicamente te destroza, pero si te vienes abajo tú se paraliza todo. Un psicólogo es necesario aunque sólo sea para mantener la fuerza y el ánimo de seguir buscando» expresa Pérez a este diario. Además de lidiar con la presión psicológica y burocrática, las familias tienen que luchar con la llamada de estafadores que buscan capitalizar su sufrimiento. «Me llamaron desde Colombia y me dijeron que tenían a mi hijo secuestrado: si no pagaba 50.000 dólares, lo iban a matar», expresa Molina.
Muchos también reciben las llamadas de videntes que aseguran poder encontrar a sus seres queridos desaparecidos. A la familia de Josefa Padilla le exigieron 3.000 euros para poder encontrarla. La desesperación hace que no sea tan difícil caer en este tipo de situaciones. Pérez describe a este diario cómo actúan: «Cuando se publica mucha información sobre tu caso el vidente ya sabe lo que tiene que decir. Es una trampa. Más o menos siempre apoyan las sospechas que tienen los familiares que van en contra de la ‘oficialidad’. Es una forma de atraparte. Es fácil caer ahí cuando se está desesperado«, concluye.
El Estatuto de la Persona Desaparecida sin causa aparente, formulado por la Fundación QSD, intenta dar una solución a todas estas contingencias estableciendo un preámbulo de un marco legal. Las familias se apoyan en él para lograr la ayuda psicológica y jurídica gratuita, entre otras. Uno de sus pilares es el «derecho a ser buscado». En el caso de Molina, este derecho brilló por su ausencia: «A mi hijo no se le buscó. Me dijeron: ‘Esto es un enfado de un nene. Su hijo va a estar mañana en casa. Viene usted aquí y quita la denuncia’. Pues han pasado 11 años y mi hijo aún no ha aparecido«, expresa.
Pero no todo es un despropósito. El Centro Nacional de Desaparecidos, un organismo público creado en 2018 gracias a la incansable lucha de las familias, funciona como un oasis al que acudir cuando todo falla. Gestiona los datos estadísticos de desapariciones en España, coordina a las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de formarlos para actuar ante situaciones de desaparición, y difunde alertas de personas desaparecidas, entre otros quehaceres.
Además, desde 2022 se vienen aprobando planes estratégicos que están dotados con millones de euros para modernizar y mejorar la respuesta ante el fenómeno de las personas desaparecidas. Aunque algunos objetivos de esos planes no se han cumplido en los plazos previstos, se ve como un avance el simple hecho de su existencia: «Hay que dar pasos más firmes, pero son unos primeros pasos frente a la nada más absoluta que ha prevalecido durante décadas», resume a este diario el periodista y fundador de QSD, Paco Lobatón. Pérez confía en que el Estatuto cristalice en una ley: «Estamos hartos. Sin una ley, no tenemos nada».
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